Paso cerrado

El 5 de enero se cumplieron cinco años de la entrada en vigencia de la Ley para las Personas con Discapacidad. Aunque se establecieron plazos para su cumplimiento, servicios públicos como el transporte o la vialidad no han sido adaptados y siguen sin ser accesibles para quienes no pueden caminar, ver, oír o tienen alguna deficiencia intelectual 

Francisco tiene que andar con su silla de ruedas entre los carros, porque le es imposible hacerlo por las aceras de San Bernardino. María Josefina trata de subir a una buseta en la avenida Lecuna con su parálisis de medio cuerpo. Gilda intenta, con su voz pequeñita y sin sentido de la audición, comunicarse con un vendedor en un centro comercial de la Francisco de Miranda. Alexander espera que su intuición lo ayude a marcar sin ver la clave del cajero automático. Iris cuenta la cantidad de colegios de toda Caracas que rechazaron a su hijo Juan Andrés.

En todos estos casos su condición de personas está acompañada del apellido "con discapacidad" y sienten que ello los coloca en desventaja con respecto al resto de la sociedad. Si bien en Venezuela existe una legislación que busca evitar la discriminación, en el día a día tropiezan con barreras que impiden la igualdad de oportunidades.

Aunque el artículo 81 de la Constitución consagra su derecho "al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria", éste se vulnera en la cotidianidad cuando no pueden transitar por una acera, usar el transporte público o comprender lo que ven en la televisión.

El 5 de enero se cumplieron cinco años de la entrada en vigencia de la Ley para Personas con Discapacidad (Gaceta Oficial número 38598), que establece las políticas en materia de vialidad, transporte, áreas públicas, acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda para mejorar la calidad de vida de quienes tienen algún impedimento físico o intelectual. Pero, a juicio de las personas con discapacidad, las asociaciones que los agrupan y los expertos en el tema, poco o nada se ha avanzado. "¿Dónde está la política de accesibilidad a lugares públicos, vivienda o transporte? En el artículo 1 de la ley dice que sus disposiciones son de orden público, sin embargo, eso es letra muerta", dice Luis Oswaldo Torres, presidente de la fundación Amigos de la Discapacidad Motora y director del Observatorio Venezolano de la Discapacidad.


Servicios a medias.
En su informe de 2011 sobre la discapacidad, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial enfatizan la necesidad de contar con políticas públicas para favorecer a estas personas, pues en todo el mundo "tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad". Lo atribuyen a los obstáculos que entorpecen el acceso de estas personas a servicios obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información.

En Venezuela, uno de los obstáculos más visibles es el uso del transporte. El artículo 37 de la legislación establece que todas las empresas transportistas deben destinar en cada una de las unidades al menos un puesto adaptado a las personas con discapacidad, con el símbolo que así lo indica.

En 2007 se estableció un plazo de 2 años para adaptar las unidades, en caso contrario serían multadas, pero un simple recorrido basta para comprobar que camionetas y autobuses continúan sin cumplir esta medida.

El artículo 38 es aún más ambicioso: señala que las unidades de transporte colectivo deben poseer "estribos, escalones y agarraderos, así como rampas o sistemas de elevación y señalizaciones auditivas y visuales", antes de entrar en circulación.

Manuel Vicente Pérez, director del programa de rehabilitación de la Sociedad Amigos de los Ciegos e integrante del Comité 3 de Diciembre Unidos por la Discapacidad, asegura que las instituciones privadas y públicas están comprando una flota de nuevos vehículos que no vienen con las adaptaciones. "Sólo el Metrobús y el Transmetrópolis cumplen con esa ley, pero no llegan a todos lados", añade Torres.

"A las constructoras también se les otorgaron dos años de plazo para adaptar sus proyectos arquitectónicos a las necesidades de las personas con discapacidad, pero ni áreas públicas, ni centros comerciales ni edificios residenciales se han adaptado a las normas establecidas en Fondonorma.

Algunos creen que todo se resuelve colocando rampas para las sillas de ruedas, pero la accesibilidad va mucho más allá, falta información en braille, pictogramas para las personas sordas, pasamanos", afirma la arquitecta Dinah Bromberg, coordinadora de la comisión para la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad de la Universidad del Zulia, quien observa dos debilidades: las normas están dispersas en varios documentos y la ciudadanía las desconoce. Relata que en un recorrido que hizo por Maracaibo comprobó que ninguno de los hoteles contaba con espacios accesibles para una persona en sillas de ruedas. Considera clave que las políticas públicas cuenten con buena asesoría.

ita como ejemplo el nuevo bulevar de Sabana Grande, el único sitio del país donde se hizo un piso táctil para que pudiesen circular personas ciegas, sin embargo, no se fabricó con los mejores parámetros técnicos para la movilización de quienes no pueden ver.

Educación igualitaria. Aunque el artículo 16 establece que "no deben exponerse razones de discapacidad para impedir el ingreso a institutos de educación regular básica, media, diversificada, técnica o superior", aún son pocas las instituciones educativas que reciben a un alumno con discapacidad. "Aunque la ley reconoce la integración educativa, los pocos colegios que aceptan a niños con discapacidad intelectual son escasos y altamente costosos", dice María Consuelo Pérez, presidenta de la fundación Un Sueño para la Vida, quien observa que de todas, la discapacidad intelectual es la más desasistida. "Las madres con hijos con autismo, por ejemplo, no pueden trabajar y además los costos de los tratamientos y la educación son muy elevados. Nuestra petición es que se incluya en el programa de pensiones del Seguro Social a la persona con discapacidad y a su cuidador; que se apruebe una ley de dependencia, como la que hay, por ejemplo, en España".

En el caso de la educación superior, el Ministerio de Educación Universitaria estableció cuotas para el ingreso de personas con discapacidad: 1% de la matrícula. De acuerdo con datos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario de 2009, apenas 0,92% de los aspirantes a ingresar en la educación superior tenía una discapacidad, es decir, los jóvenes especiales quedan rezagados en primaria o bachillerato.

Bromberg indica que además de las barreras arquitectónicas que hay en los planteles de educación superior, los estudiantes sordos tienen un problema adicional: la falta de intérprete de lengua de señas porque no existe el cargo en las universidades. "La ley incorpora la lengua de señas como patrimonio lingüístico de la nación, pero ni se ha enseñado ni se ha multiplicado", dice.

José Luis Comesaña Portela, presidente de la Federación Venezolana de Sordos, asegura que la comunidad que no oye también está discriminada en su derecho a la información y la recreación. A su juicio no sólo deben existir más y mejores intérpretes de lengua de señas, sino subtítulos en todos los programas, sean noticieros, películas, telenovelas o comiquitas. La educación de la familia de las personas sordas es necesaria como política de Estado, así como la educación bilingüe (en lengua de señas y oral).

La ley expresa que las empresas privadas y oficinas de la administración pública deben incorporar en sus nóminas no menos de 5% de personas con discapacidad. Sin embargo, afirma Torres que ni siquiera el mismo Estado cumple con esa cuota.

Y así como las calles siguen poniendo los obstáculos, tampoco hay accesibilidad en hospitales (muchos sin rampas ni ascensores), tribunales y otras instituciones públicas. Por esta razón, Otto Tovar, director de la Sociedad Amigos de los Ciegos, reclama: "Nos envuelven en una trampa semántica.

A mí no me importa si me dicen ciego, impedido, minusválido, discapacitado, lo que yo quiero es que en la práctica se me garantice el acceso a la información, a los espacios físicos, al libre tránsito, a todos los derechos que tengo como ciudadano". 

Mireya Tabuas. Diario El Nacional.